Como parte del acuerdo con el ente financiero, el Gobierno asumió el compromiso de robustecer las reservas internacionales netas a lo largo de 2025: cuál es la cifra que se deberá recaudar.
Tras la aprobación del nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino asumió el compromiso de acumular reservas internacionales netas a lo largo de 2025.
El plan contempla metas trimestrales estrictas que, de no cumplirse, podrían afectar los desembolsos previstos por el organismo. En ese marco, la economista Milagros Gismondi, de Cohen Aliados Financieros, analizó el alcance de esos objetivos y las condiciones que rodean su cumplimiento.
La especialista explicó que «el nuevo marco cambiario tiene como objetivo central la recomposición de las reservas internacionales netas (RIN)». En ese contexto, detalló que el acuerdo con el FMI establece metas trimestrales que, bajo el escenario base, «implican una acumulación de u$s8.900 millones hasta fin de año».
Qué pasa si el Gobierno no cumple con el número de reservas que tiene que recaudar en junio
«El objetivo es cerrar 2025 con un stock positivo de u$s1.600 millones, partiendo de un nivel actual negativo de u$s7.300 millones», precisó. Gismondi agregó que ese esfuerzo «estará concentrado en el segundo y cuarto trimestre, con un ritmo estimado de u$s1.400 millones hasta junio y u$s4.000 millones en el último trimestre del año».
Según indicó, si los ingresos por financiamiento general (excluyendo préstamos de proyecto y del propio FMI) «se ubican por debajo de los u$s5.173 millones proyectados para todo el año, las metas de RIN se reducirán en forma proporcional, con un tope de ajuste de hasta u$s4.000 millones».
«El cumplimiento de esta meta requiere un esfuerzo muy importante por parte del BCRA, sobre todo en términos de intervención en el MULC y control de la demanda de divisas», sostuvo la economista.
En caso de que el Gobierno no cumpla con la meta de reservas, el FMI podría suspender los desembolsos pactados, lo cual afectaría la disponibilidad de divisas y sumaría presión sobre los mercados financieros. Además, un desvío sin justificación podría derivar en renegociaciones, mayor incertidumbre macroeconómica y volatilidad en el tipo de cambio.
